19 y 20 de diciembre

La crisis de fin de diciembre de 2001 quedó signada no solo por la repulsión que la mayoría de la ciudadanía expresó contra el conjunto de la dirigencia política, devaluada y tristemente escindida de la sociedad civil. El hastío se extendió a toda la política en general, entendida como dispositivo de discusión y de búsqueda de alternativas a las problemáticas sociales o como búsqueda de resolución de conflictos de distinta índole, en especial aquellos de incumbencia pública.

Más aún. Si consideramos que aquel momento de agitación social podría haber gestado el comienzo de una nueva tendencia a favor de la cohesión y participación, el aparato represivo del Estado se encargó de dejar nuevamente su marca con el fin de disciplinar y evitar que la reunión se concrete. El saldo trágico de las jornadas del 19 y 20 de diciembre fue de 33 muertos en todo el país, (cifra que se eleva a 37 al día de la fecha, ya que algunas personas que habían quedado gravemente heridas por impactos de plomo, han fallecido en los últimos dos años). Cuestión que en el presente no tiene aún explicación razonable, más allá del mencionado disciplinamiento, ni resolución judicial. Hay un proceso abierto contra el ex presidente De La Rua, su ex ministro Mathov y otros ordenar la represión, pero a pesar de las 7 muertes en Santa Fe, Reutemann sigue tranquilo, otro tanto en Córdoba, y en otros puntos del país, sus respectivos responsables provinciales no se dan por aludidos.

A pesar de las actividades políticas embrionarias gestadas a través de asambleas populares, movimientos piqueteros, etc., todo parece haber quedado como suspendido, a mitad de camino, trabado en su posibilidad de desarrollo. Dos años después, la sociedad civil sigue desarticulada en gran parte o al menos lo está mucho más que hace unos 30 años.

Sería tonto decir que la situación ahora es la misma que antes de aquellas jornadas. Este gobierno es mucho más decente que antes, la corte suprema es mucho más decente que ayer, las madres de plaza de mayo fueron recibidas en la Casa Rosada antes que los empresarios “interesados en el país” (en afanárselo), las leyes de impunidad (punto final y obediencia debida) han sido anuladas, María Julia sigue presa, Menem no está tranquilo, etc. Pero…

¿Qué estamos haciendo para sostener esta mejora o, más aún, redoblar la apuesta y atender los graves temas sociales? ¿Por qué la agenda pública está más ocupada con el tema de los cortes de ruta que con la mitad de la población que sigue sumida en la pobreza? ¿Qué rayos nos paraliza en el avance progresivo, en la paulatina mejora de la sociedad toda? ¿Es que el fetiche del mercado nos vuelve una y otra vez reaccionarios?

La pregunta que me carcome: ¿Es posible sostener un sistema democrático sano sin una participación activa de la sociedad civil en él? ¿Vamos a esperar sentados mirando cómo super-K hace y deshace lo que le antoja y nos limitaremos a criticar o a elogiar en el bar de la esquina si el tipo la tiene clara o si es uno más de lo mismo?