Usar un cuerpo como campo de batalla ideológico

Hay un nuevo caso por interrupción de embarazo de esos que ponen los pelos de punta. Ya mencionamos esta preocupación en dos notas anteriores (hace más de un año): aquí y aquí.

Esta vez se trata de una joven discapacitada que fue violada y quedó embarazada. Hasta lo que todos entendíamos, el art. 86 del código penal es claro en no configurar delito en la interrupción del embarazo para estos casos. Ahora bien:

la jueza de menores Claudia Salomón citó al padre biológico de MFC, quien –con el patrocinio legal de un conocido abogado local vinculado a sectores católicos– declaró que estaría dispuesto a hacerse cargo de la crianza de la criatura. Lo paradójico es que hace dieciséis años que no ve a MFC y nunca se ocupó de pasarle una cuota alimentaria o de cuidarla. Y ni siquiera cuando el caso trascendió hace diez días en los medios locales se acercó a conocer la situación de la adolescente.

Evidentemente estos sectores ultramontanos prentenden usar sin ningún tipo de escrúpulos cuanto cuerpo tengan a la mano para librar su batalla ideológica. Buena parte de la corporación judicial los apaña.

Por otra parte está la corporación médica, que se niega a hacer la interrupción a riesgo que se los judicialice a pesar que el Código Penal es clarísimo en estos casos. El otro día escuché un reportaje a un especialista en ética médica en el programa de Jorge Halperín (La siesta inolvidable, Radio Mitre de Lu a Vi de 14 a 17hs.), Lamentablemente no retuve el nombre (acepto aportes). En ese reportaje entendí un poco más el problema: la excesiva judicialización de los casos médicos. Esto está ocurriendo en todas las esferas de la vida, pero en temas de salud se hace especialmente sensible. Uno de los problemas es que hay jueces de Cámara que fallaron por encima del Código Penal, haciendo una extraña interpretación de los acuerdos internacionales que figuran con el más alto rango constitucional desde la reforma de 1994. El fallo fue que “no existe Código Penal” (!¡). Entonces, por más que quieran, y que tengan el Código Penal a su favor, los médicos no pueden actuar éticamente ni aplicar la interrupción de embarazo a tiempo a riesgo de ser judicializados. Esta es una batalla ideológica que se libra dentro de los cuerpos de personas totalmente indefensas y vulnerables, eso es lo más triste del caso.